Hoy
morirá una mujer a manos de un hombre. En los siete días que esta
edición de Veintitrés permanezca en los quioscos, cinco varones matarán a
otras tantas mujeres. Cuatro de los seis homicidas serán actuales o ex
parejas, novios o esposos de las asesinadas. Ocho hijos quedarán sin
madre, cinco menores de edad. Las razones se resumirán, después de
muchas oratorias acusatorias y defensivas, en pocas palabras: murieron
por ser mujeres. Eso es, trasladado a lo cotidiano, lo que indican las
estadísticas: 237 mujeres asesinadas por un hombre entre enero y octubre
de 2011; de mantenerse la proporción, el año cerrará con un 17 por
ciento más que 2010. Según la Organización Mundial de la Salud, la
violencia de género es la principal causa de muerte en mujeres de entre
15 y 44 años. Una pandemia fuera de control ya que, a diferencia de las
enfermedades, no responde a los mecanismos preventivos. Quizá porque más
que una enfermedad, es una patología sociocultural y, por eso mismo,
mucho más difícil de tratar.
El domingo 27 pasado, apenas
dos días después del Día Internacional de la lucha contra la violencia
de género, Bárbara Santos (30 años), su hija Micaela (11), su madre y
una amiga fueron asesinadas en La Plata. El principal sospechoso es
Osvaldo Martínez, novio de Bárbara. En ese momento, Susana Chirott,
experta de la OEA en violencia de género, consideró que “evidentemente,
es un femicidio, esté o no como figura del Código Penal”.
Hacia
la incorporación de ese término a la norma legal se encaminan la
mayoría de los doce proyectos de ley –ocho en Diputados y cuatro en
Senadores, de casi todos los signos políticos– que esperan tratamiento
en el Congreso y que modifican el artículo 80 del Código Penal para
establecer penas específicas. Mientras por homicidio simple la condena
es de ocho a 25 años, las propuestas van de 12 a 35 años hasta la
reclusión perpetua. Pero a esta altura del siglo XXI es una verdad de
Perogrullo que incrementar el castigo no evita la comisión del delito.
“Si
no logramos modificar los estereotipos de que el hombre no puede
contenerse ante una señorita de minifalda, a riesgo de poner en duda su
virilidad; si no logramos que los jueces vean la ridiculez de ese
argumento, no podremos avanzar. Con este tipo de cosas estamos
peleando”, consideró Gabriela Pastorino, letrada a cargo de la Oficina
de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, creada en 2009 a raíz de la
ley 26.845.
La ley, promulgada ese mismo año y conocida
como de Protección Integral de la Mujer, especifica los tipos de
violencia (económica, psicológica, física) a los que puede ser sometida
una mujer y establece las medidas a tomar por el Estado para prevenir
esas situaciones y garantizar la integridad de la víctima. Entre ellas
la creación de organismos como la Oficina de la Mujer que, según
Pastorino, debe “detectar las situaciones de discriminación, responsable
de la violencia y de una ciudadanía no justa, porque más allá de las
leyes hay cuestiones más antiguas de una sociedad patriarcal que, en los
hechos, continúa manteniendo distancias y discriminación entre hombres y
mujeres”. En ese camino, el organismo –que depende de la jueza Carmen
Argibay– diseñó un plan de capacitación y sensibilización en género que
ya cuenta con 300 capacitadores en el país y realizó 435 talleres de los
que participaron ocho mil agentes del sistema judicial.
Además,
la Oficina generó una “guía sobre trata de personas” al entender que
“debíamos generar un pensamiento conjunto sobre cómo luchar contra ese
delito”, que también implica una cuestión de género.
“La
explotación sexual en la trata de personas tiene como víctimas a
mujeres, en todos los casos –reflexionó Marcelo Colombo, coordinador de
la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de
Personas (UFASE)–. El sistema prostibulario es, en ese sentido, una
práctica social de violencia hacia las mujeres, ya que necesitan de una
mujer ‘incondicionalmente’ dispuesta a satisfacer deseos masculinos, de
manera reiterada e indiferenciada. Es un reflejo de la sumisión que el
sistema patriarcal impone en relación a las prácticas sociales y
sexuales, al mismo tiempo que un instrumento para mantener esa
sumisión.”
Para Susana Pérez Gallart, presidente de la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se ha avanzado “mucho en
la norma legal, pero en la realidad las cosas son mucho más lentas y la
cultura machista todavía impera en la sociedad. Uno de los grandes
problemas es que hay acciones sueltas, la Corte hace un muy buen
trabajo, las ONG, y tenemos una muy buena ley de protección integral,
pero no tiene presupuesto y eso la convierte en letra muerta. No hay un
organismo a nivel nacional que concentre los datos de violencia de
género, indispensable para conocer la realidad de esta tragedia”.
Las
estadísticas casi oficiales en el tema son elaboradas por el
Observatorio Marisel Zambrano y la ONG La Casa del Encuentro, en base al
análisis de la información publicada por más de 120 diarios en el país
(ver recuadro). Y se suman los datos suministrados por la Oficina de
Violencia Doméstica de la Corte Suprema: en septiembre de este año
atendieron 708 consultas, contra 522 del mismo mes de 2009; el 85 por
ciento de los denunciados son varones y el 73 por ciento de los
denunciantes abarca a mujeres y niñas. En el 91 por ciento de los casos
se trató de violencia psicológica, en el 67 de violencia física y el 36
por ciento de las consultas fue evaluado como de “riesgo alto”.
Según
la ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer, el desarrollo de
políticas públicas debe tender a “la remoción de patrones
socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las
relaciones de poder sobre las mujeres”. El organismo encargado del
diseño de esas políticas y difundir las estadísticas de su propio
Observatorio de la Violencia, es el Consejo Nacional de la Mujer.
Veintitrés intentó, infructuosamente, comunicarse con Mariana Gras,
responsable de la Subsecretaria Unidad de Coordinación Nacional para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres. Tampoco hay datos en la web del organismo, que presenta un
extenso marco teórico.
La ley también establece que el
Estado debe coordinar acciones con los diversos ministerios. Así, por
ejemplo, el Ministerio de Salud firmó un convenio con el Consejo
Nacional de la Mujer para “fortalecer los sistemas públicos de salud
sobre los tipos de violencia y cómo prevenir, además de asistir”,
explicó Paula Ferro, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable. Y agregó que las acciones van desde
“garantizar los métodos anticonceptivos, mantener una línea 0800 para
informar sobre derechos sexuales y reproductivos, elaborar materiales de
difusión, información y sensibilización a grupos de mujeres y población
en general”.
Pero no hay duda del papel central que juega
el Ministerio de Educación en esa tarea titánica de cambiar el modelo
cultural. “Los programas que elaboramos llegan a todo el país, a
jardines de infantes, nivel inicial y secundario, y tratan sobre
perspectiva de género, diversidad, el cuidado de uno mismo, la
concepción de trato, los vínculos, los factores sociológicos y
culturales”, detalló Mara Brawer, subsecretaria de Equidad y Calidad del
ministerio. Las acciones, en este caso, se enmarcan en la ley de
educación sexual que abarca, por ejemplo, la toma de decisiones en la
adolescencia, resistir a las presiones, la violencia en los vínculos, la
igualdad de trato entre los sexos. Entre los materiales elaborados por
la cartera se destaca el cuadernillo Educación Sexual Integral, para
charlar en familia, del que se imprimieron seis millones de ejemplares.
“Apelamos a la deconstrucción de patrones estéticos que, entre otros,
transmiten las empresas publicitarias y de marketing a través de los
medios de comunicación. Se ponen en cuestión todos los estereotipos de
determinadas conductas, porque eso también es violencia –afirmó Brawer–.
Los contenidos son transversales y los momentos donde ocurren episodios
públicos son grandes oportunidades para la enseñanza.”
Derribar
los estereotipos publicitarios también es una tarea hercúlea. Según la
investigación de la Universidad Nacional de Quilmes sobre avisos
televisivos, realizada entre abril y junio de este año, el 95,4 por
ciento de las mujeres que protagonizan los spots son jóvenes o aparentan
serlo, ocultando o negando la participación social de las mujeres
maduras y presentando a la juventud como mercancía sin importar el ciclo
vital del que se trate ni el producto publicitado.
De los
spots que ubican a la mujer en el hogar, el 91,7 por ciento corresponde
a artículos de limpieza y a comestibles, el 67,5, una asociación
directa al rol maternal y familiar que debería desempeñar una mujer.
Además, se la relaciona con aspectos emocionales, como el amor, la
imaginación, la felicidad y sus contrarios: en el 100 por ciento de los
avisos telefónicos y de electrodomésticos aparecen estos rasgos,
mientras que el 96,8 de este recurso se emplea en limpieza.
En
el otro extremo de los estereotipos, todas las promociones de
automóviles –dirigidas indudablemente a los hombres– exponen a las
mujeres como objetos sexuales.
Después de mirar cientos de
horas de programación de los cinco canales de aire en la pantalla chica,
los investigadores concluyeron que la inequidad entre sexos continúa
vigente. El 77,3 por ciento de los avisos con voz en off, apelan a un
hombre, es decir, que las voces masculinas siguen siendo las del
“saber”, las que indican qué conviene hacer, comprar o leer.
Por
último y contundente, el dato de que en el 86 por ciento de los casos
se registra una subordinación de género a favor de los varones.
“El
problema es cultural, pasa por el modelo patriarcal y la escasa
visibilidad de la problemática de género. El avance del conocimiento de
lo que es la perspectiva de género se registra con dificultades, trabas y
demoras. Por ejemplo, hace apenas unos meses, un integrante de la Corte
Suprema de Tucumán culpabilizó a las mujeres por la lentitud de la
Justicia provincial”, opinó Carlos Miranda, director del Departamento de
Prevención de Violencia de Género de la Asociación de Psicólogos de
Buenos Aires. Para el profesional, “violencia es considerar que la mujer
es un objeto al servicio del hombre, una propiedad para usar, al punto
de poder disponer de su vida. Es ese sentido de pertenencia, dentro de
la perspectiva machista: la mujer como si fuera un plato o un celular”.
Los
integrantes del Departamento se oponen al uso del término “pasional”
–que también se trata de erradicar del vocabulario policial, asociado a
la palabra “crimen”–, porque consideran que es una forma de minimizar
los hechos, “como si un episodio pasara por una cuestión sólo emocional.
Los hechos se relacionan siempre a los supuestos establecidos y los
roles ‘esperados’ y diseñados para el hombre y la mujer”.
De
eso se trata, en definitiva, la violencia de género, porque ninguna
muerte de mujer por ser mujer sería posible sin un sistema cultural que
adopte y acepte esa desigualdad. Ahí está, como ejemplo de que la idea
de pollera corta justifica todo, la letra de “Contra la pared”, canción
que da título al último disco de Viejas Locas: “(…) las nenas pasan de
pollera / y yo las imagino… / contra la pared, contra la pared. / Trato
de pensar que no debo imaginar / esas cosas que no pueden suceder / pero
no puedo evitar que esas ideas / vengan a mi mente una y otra vez”. Más
allá de la ley y de la incorporación, o no, del femicidio como figura
penal, no hay duda de la necesidad de cambiar el imaginario social de lo
que constituyen femenino y masculino.
Informe: Jorge Repiso y Leandro Filozof
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Números que alarman
Al
cuádruple asesinato de La Plata se suman, en principio, otras tres
muertes de mujeres a manos de hombres, ocurridas en la última semana:
una mujer de 40 años, en Chaco, habría sido asesinada por su marido; una
joven de 21 años fue estrangulada por su pareja, el domingo pasado, en
un albergue transitorio en el barrio de Palermo, Capital Federal, y ese
mismo día un hombre habría asesinado a balazos a su ex mujer, en
Lincoln, provincia de Buenos Aires.
Según datos del Observatorio
de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por La
Casa del Encuentro, entre enero y octubre de este año se produjeron 237
femicidios: 77 en Buenos Aires, 23 en Santa Fe, 18 en Córdoba, 15 en
Salta y 13 en la ciudad de Buenos Aires, por citar sólo los sitios donde
se registran la mayor cantidad de casos. En 88 ocasiones los homicidas
fueron esposos-parejas-novios y la mayoría de las mujeres (160) tenían
entre 19 y 50 años.
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Opiniones
Objetos de pertenencia
Por Ada Beatriz Rico, cofundadora de La Casa del Encuentro y directora del Observatorio de Femicidio “Adriana Marisel Zambrano”
La
palabra exacta es “cultural”. Somos consideradas como objeto de
pertenencia, y también los niños. Nos encontramos con un varón violento,
que considera que esa mujer le pertenece y puede hacer con ella lo que
desee. En el caso de los niños, tenemos el caso de Tomás, que fue
asesinado porque la madre dijo “no”.
La violencia sexista ocurre en
todo estrato social, pero hay mujeres que son menos vulnerables cuando
cuentan con independencia económica.
Deberían existir más
campañas de prevención y sensibilización, adaptadas a cada edad. En
cuanto a las leyes, pedimos la figura penal autónoma de femicidio
incorporada al Código Penal para que el asesino reciba 25 años de
prisión efectiva. Otra de las cosas que solicitamos es la pérdida de la
patria potestad del niño.
En el caso del asesinato de Adriana
Marisel Zambrano, al novio le dieron cinco años de prisión por asesinato
preterintencional. Cuando salga, en 2013, la niña de ambos tendrá seis
años de edad y podrá quedarse con él.
La figura de femicidio ya
existe en Guatemala, Costa Rica, México y recientemente se otorgó en
Chile. Somos optimistas por la cantidad de proyectos presentados en el
Congreso. Pero leyes y campañas deben ir en paralelo.
Y debe
haber más refugios para mujeres agredidas. La perspectiva de género
debería estar presente en toda currícula universitaria. No puede ser que
haya jueces que investiguen la vida de la víctima.
Lograr la condena social
Por Haydée Birgin, presidenta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
El
fenómeno existe, cada vez mueren más mujeres a manos de hombres, la
violencia tiene rasgos más fuertes y en los últimos años vimos el
sadismo de tomar represalia con los chicos, que antes considerábamos
parte de los ajustes de cuentas propios de los narcos.
Se dieron
pasos en el cambio, sin duda. Hoy las mujeres pueden denunciar y el tema
se debate. La gran pregunta es: después de la denuncia, ¿qué? Si esa
denuncia no va acompañada de políticas sociales, facilidades para la
vivienda, capacitación para un empleo digno, subsidios para mantener a
los hijos, jardines maternales para el cuidado, no implica un cambio
real, es un imposible.
Hay que tratar de lograr la condena
social, que el tipo en el barrio sea mal visto, que no se pueda jactar,
que sea repudiado por sus compañeros de trabajo. Algo hemos conseguido:
hoy es difícil escuchar a un hombre que se jacte de haber fajado a una
mujer.
Pero todavía faltan cosas en la Justicia: hay un fallo
reciente de Casación de provincia de Buenos Aires que disminuye la pena a
un homicida porque “la mujer lo humillaba”. Con la renovación judicial y
con gente más joven, cuando en los concursos se tomen en cuenta esas
posturas, esa situación cambiará.
Está bien hablar de femicidio
como una categoría social para que la gente lo tome como propio. Pero
hay un salto cualitativo en incorporarlo como figura penal que, creo, no
implicará cambios. No hay ninguna experiencia donde se haya condenado a
alguien por femicidio.
Fuente: http://veintitres.infonews.com/nota-3807-sociedad-Maldito-machismo.html
