sábado, 29 de septiembre de 2012

CURSO - TALLER: “ACERCA DE LA PRÁCTICA PERICIAL PSICOLOGICA” Lic. Carlos Reinaldo Miranda



DIRIGIDO A Psicólogos/as, Psiquiatras y carreras afines con el objetivo de capacitar profesionales para un adecuado desempeño en el campo pericial, poniendo especial énfasis en los aspectos prácticos de la tarea pericial.

CONTENIDOS:

Aspectos legales básicos. Marco legal de la práctica. Modalidades de actuación profesional: Perito de oficio, de parte, consultor técnico.

Aspectos procesales. Aceptación de cargo. Anticipo de gastos, sus fundamentos. Plazos de presentación.

Responsabilidad legal. Fuerza probatoria del dictamen pericial. Conceptualización de Daño Psíquico y Daño Moral. Trauma psíquico. Porcentajes de Incapacidad. Baremos utilizados. Estrés Postraumático. Criterios Diagnósticos.Pericia Psicológica. Puntos de pericia. Validación objetiva. Técnicas e instrumentos. Informe Pericial Psicológico.

Organización y estructura. Puntos de pericia. Impugnaciones – Pedido de Aclaraciones. Pedido de Nulidad. Apelación de honorarios. Cobro de Honorarios.

Regulación. Principio de Solidaridad. Honorarios firmes. Cobro judicial o extrajudicial. Deber de confidencialidad. Secreto Profesional. En todos los puntos se pondrá especial énfasis en los aspectos prácticos de la tarea pericial.

MODALIDAD: Teórico Practica Presencial

DURACION: Dos meses (8 encuentros de dos horas c/u)

ARANCEL: Dos cuotas mensuales de $ 300 (Total $ 600.-)

DIAS Y HORARIOS: Miércoles de 15 a 17 hs.

FECHA DE INICIO: Miércoles 10 de octubre de 2012

GRUPO REDUCIDO: (5 MAXIMO)

LUGAR: Paraguay 5400 (entre Ravignani y Arevalo) Barrio de Palermo

CONSULTAS E INSCRIPCION: lic.carlosmiranda@gmail.com

lunes, 3 de septiembre de 2012

La sentencia que le puso nombre al femicidio

La sentencia que le puso nombre al femicidio

Javier Weber fue condenado a 21 años de prisión por balear a Corina Fernández, en un juicio cuyos fundamentos se conocen ahora: el tribunal usó la figura de “tentativa de femicidio” y argumentó por qué deben ser considerados como tales esos crímenes en la Argentina.

Por Mariana Carbajal
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FUENTE. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-202476-2012-09-03.html
 
Javier Weber, de 53 años, le disparó a Corina Fernández el 2 de agosto de 2010, cuando la mujer llevaba a sus hijos a la escuela.

Por intentar matar a su ex pareja, un hombre fue condenado a 21 años de prisión, en el primer fallo que nombra ese delito como “tentativa de femicidio”. El episodio ocurrió el 2 de agosto de 2010, a las 8 de la mañana, cuando Javier Weber, de 53 años, disfrazado con peluca, impermeable, gorro y bastón, para simular ser una persona mayor, fue hasta la puerta de la escuela Manuela Pedraza, del barrio porteño de Palermo, donde su ex esposa iba a dejar a las dos hijas de ambos. “Te dije que te iba a matar, hija de puta”, le dijo, le apoyó un revólver en el pecho y le disparó. Corina Fernández se salvó de milagro: dos balas impactaron en el tórax y un tercer proyectil, en el abdomen, pero sobrevivió. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Criminal N° 9 de la Ciudad de Buenos Aires hace unos días y ahora se conocen sus fundamentos, 170 páginas donde se detallan las distintas caras que adquiría la violencia machista –psicológica y física– que el agresor perpetró contra su pareja durante los años que vivieron juntos y luego, cuando ella tomó la decisión de separarse. Todavía Corina tiene dos balas en el cuerpo.

“No cabe duda de que la muerte de una mujer a consecuencia de la violencia de género constituye una categoría sociológica claramente distinguible y que ha adquirido especificidad normativa a partir de la Convención de Belem do Pará. No hay razón, en consecuencia, para no darle nombre y, en tal sentido, cabe señalar que la conducta de Javier Claudio Weber constituye un intento de femicidio, entendiendo por tal la muerte de una mujer –o de una persona con identidad femenina– ejecutada por un varón en razón del género”, dice el voto de dos de los magistrados del TOC N 9.

Las humillaciones incluyeron situaciones como el hecho de obligarla a dormir en el piso o en la habitación de servicio. El hombre vivía amenazándola de muerte. Corina dijo que lo llegó a denunciar 80 veces, pero las respuestas de la Justicia fueron ineficientes para protegerla. Desde la primera denuncia, se dictó inmediatamente la prohibición de acercamiento a su esposa, pero el hombre la violó sistemáticamente. Y continuó amenazándola de muerte. Incluso llegó a juicio por esas conductas: Weber fue sometido a juicio por desobediencia –no cumplía con la restricción de acercarse– y amenazas reiteradas, y condenado por la Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, a un año y medio de prisión en suspenso. Fue dejado libre y a los quince días la baleó. Un caso paradigmático que revela la trama siniestra de la violencia de género y las fallas del Estado para amparar a las víctimas que anuncian desesperadamente que su vida corre riesgo.

“Tuvieron más de un aviso de parte mía de que este señor iba a cumplir lo que amenazaba”, se quejó Corina ante el tribunal. La alta pena impuesta da un mensaje claro: la violencia de género no es admisible. En diálogo con este diario, uno de los integrantes del TOC N° 9, el juez Fernando Ramírez, explicó los alcances del fallo.

El fallo fue firmado el 8 de agosto por los jueces Luis García –en calidad de presidente del TOC N° 9–, Ana Dieta de Herrero y Ramírez, pero los fundamentos se difundieron hace pocos días. “El femicidio es, en sí mismo, la expresión extrema de la violencia de género por cuanto implica la negación de la vida misma”, dijeron los magistrados. Y aclararon que la conducta del condenado “es de aquellas que constituyen el objeto de la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, conocida como Belem do Pará. Los jueces añadieron que el accionar de Weber “estaba dirigido a provocar la muerte de Corina Fernández en razón de su condición de mujer y fue llevada a cabo por quien había compartido con ella una vida en común en el marco de una unidad familiar”. Después de recibir los disparos, Corina fue trasladada a un hospital, donde los médicos pudieron salvarle la vida tras una intervención quirúrgica y un tratamiento de cuidados intensivos. Corina y Weber se conocieron hace 15 años, mientras veraneaban en Punta del Este. El se presentaba como comerciante; ella era diseñadora gráfica. Tuvieron dos hijas, que hoy tienen de 12 y 11 años.

Sin excusas

Weber, de 53 años, fue condenado por los delitos de “tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego” y “por tenencia ilegal de arma de fuego”. Además, la Justicia le sumó un año y medio por “amenazas” consecutivas. “La tentativa de muerte de una mujer por parte de un varón por razón de género tiene nombre, es tentativa de femicidio y así hay que denominarla”, explicó en diálogo con Página/12 el juez Ramírez, aunque esa figura no existe en el Código Penal. Ramírez y Dieta de Herrero coinciden en su voto con esta mirada. Es la única diferencia con el juez García. La condena se aplicó por unanimidad.

Otro punto importante de la sentencia es que hace una clara clasificación del hecho como “violencia de género”. El tercer aspecto que merece destacarse es que los tres miembros del tribunal descartan la posibilidad de que se contemple como atenuante la “emoción violenta” –como pedía la defensa– y se aplicó en la condena del femicida de Wanda Taddei, el ex baterista de Callejeros, Eduardo Vásquez, que así recibió 18 años de cárcel en lugar de prisión perpetua por el homicidio agravado por el vínculo de su esposa. “Nuestro ordenamiento jurídico y constitucional no permite excusas frente a la violencia de género en ningún caso. Si se entiende conceptualmente que la violencia está sostenida en una situación de dominación y desigualdad, de ninguna manera se puede justificar una conducta que la mantenga”, señaló Ramírez. Es decir, para el tribunal, en ningún caso de femicidio se puede aplicar atenuantes. Este punto es clave porque los prejuicios machistas de muchos magistrados operan dispensando a hombres que mataron a su esposa o ex pareja, entendiendo que actuaron bajo emoción violenta –por ejemplo, si se enteraron que su pareja le era infiel, como si fuera un motivo que justificara un asesinato de una mujer– o encuentran circunstancias extraordinarias de atenuación para reducirles la pena.

Eso hizo hace algunos años un juez en Santiago del Estero al condenar a un hombre que asesinó a su esposa: el magistrado le redujo la pena porque ella hacía tres meses que no le planchaba camisas ni le hacía la comida, según recordó la filósofa y ex legisladora porteña Diana Maffía, durante su ponencia en el XIX Encuentro Nacional de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) que tuvo lugar entre el miércoles y el viernes último justamente en Santiago del Estero. “Los celos, la infidelidad o el abandono no pueden ser condiciones de excusabilidad frente a un femicidio”, opinó Maffía.

Los jueces del TOC N° 9 sostuvieron que el intento de femicidio ejecutado por Weber contra su ex pareja “se manifiesta además como el final de un proceso de violencia que se ha prolongado en el tiempo, adquiriendo múltiples expresiones, humillaciones, amenazas, golpes, extorsiones, malos tratos e insultos, que se han multiplicado a lo largo de los años, provocando múltiples intervenciones institucionales”. Sin embargo, ni ello ni la condena a un año y medio de prisión por amenazas que había recibido Weber antes del ataque, “resultaron suficientes para detenerlo” y, si bien significaron “una ocasión de reflexionar acerca de sus conductas ... lejos de modificarlas las intensificó, manteniéndose firme en su voluntad de dominio”, subraya la sentencia. Weber “despreció las normas y mandatos de la autoridad que, a su criterio, invadían su reino privado y desobedeció sistemáticamente las normas que le prohibían tomar contacto” con Corina y sus hijas “y ante la sanción por sus inconductas, se erigió en legislador y juez”, enfatizaron los jueces.

martes, 13 de diciembre de 2011

Demasiado tarde para lágrimas


Demasiado tarde para lágrimas
Por Ricardo Roa: EDITOR GENERAL ADJUNTO DE CLARIN
- 13/12/11

En tiempos excesivamente lejanos, se consideraba que el sexo era pecado antes del matrimonio y que el honor de una mujer mancillada podía ser reparado si el hombre le proponía casamiento, según las normas de la augusta religión.

Desde entonces la figura del avenimiento está en nuestro código: la pena queda sin efecto a cambio de un desagravio. Ese anacronismo propició la libertad de Marcelo Tomaselli, que había ido a la cárcel por violar a fuerza de cuchillo a su ex mujer Carla Figueroa. Ella retiró la denuncia pero tras el casamiento que lo sacó de la cárcel, Marcelo la asesinó a puñalada apenas ocho días después .

Ahora nos enteramos que los jueces que lo liberaron nunca tuvieron en cuenta que Tomaselli, violador y violento, podía hacerle daño a Marcela. Uno de ellos, Gustavo Jensen, dijo: “nadie planteó, jamás de los jamases, que este hombre podría haber tenido una personalidad psicopática”
¿Es que eso no debían planteárselo, ante todo, ellos mismos, los jueces que iban a dejarlo libre? Jensen confiesa que asumieron la más estrecha de las perspectivas: la de no percibir. Su trabajo consistió en discutir si Carla pidió casarse por su propia voluntad o estaba presionada.

Miraron hacia otro lado .

¿Le hicieron pericias a Tomaselli? ¿Y a ella? Carla tenía apenas 19 años y un hijo de 2 con Marcelo. Arrastraba una historia atroz: su madre había sido asesinada por su padre, que está preso. Visitó a su ex pareja, que también era su violador, en prisión. Pidió el casamiento. El fantasma de seguir el horrible destino de su madre debió haberla rondado: sin atreverse a dar la cara, confesó en un programa de TV que Tomaselli había querido matarla.

Tenía miedo y la dejaron sola. Solísima con su hijito y ante la muerte. La Justicia es una institución más amplia de lo que reza la mera letra de los códigos. Cuando el avenimiento se convirtió en figura legal, la psicología propiamente dicha no existía. Increíblemente, el pasado se abalanzó sobre Carla. El pasado histórico y su pasado personal. Y ahora ya es demasiado tarde para lágrimas.

jueves, 8 de diciembre de 2011

Cómo cambiar un modelo que mata
Maldito machismo
Las cuatro mujeres asesinadas en La Plata se suman a las 237 que murieron, a manos de hombres, en lo que va del año. Los proyectos para incorporar el femicidio al Código Penal. La tolerancia social, los estereotipos publicitarios. Mirá la galería de fotos.
Por Por Raquel Roberti
Hoy morirá una mujer a manos de un hombre. En los siete días que esta edición de Veintitrés permanezca en los quioscos, cinco varones matarán a otras tantas mujeres. Cuatro de los seis homicidas serán actuales o ex parejas, novios o esposos de las asesinadas. Ocho hijos quedarán sin madre, cinco menores de edad. Las razones se resumirán, después de muchas oratorias acusatorias y defensivas, en pocas palabras: murieron por ser mujeres. Eso es, trasladado a lo cotidiano, lo que indican las estadísticas: 237 mujeres asesinadas por un hombre entre enero y octubre de 2011; de mantenerse la proporción, el año cerrará con un 17 por ciento más que 2010. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia de género es la principal causa de muerte en mujeres de entre 15 y 44 años. Una pandemia fuera de control ya que, a diferencia de las enfermedades, no responde a los mecanismos preventivos. Quizá porque más que una enfermedad, es una patología sociocultural y, por eso mismo, mucho más difícil de tratar.

El domingo 27 pasado, apenas dos días después del Día Internacional de la lucha contra la violencia de género, Bárbara Santos (30 años), su hija Micaela (11), su madre y una amiga fueron asesinadas en La Plata. El principal sospechoso es Osvaldo Martínez, novio de Bárbara. En ese momento, Susana Chirott, experta de la OEA en violencia de género, consideró que “evidentemente, es un femicidio, esté o no como figura del Código Penal”.

Hacia la incorporación de ese término a la norma legal se encaminan la mayoría de los doce proyectos de ley –ocho en Diputados y cuatro en Senadores, de casi todos los signos políticos– que esperan tratamiento en el Congreso y que modifican el artículo 80 del Código Penal para establecer penas específicas. Mientras por homicidio simple la condena es de ocho a 25 años, las propuestas van de 12 a 35 años hasta la reclusión perpetua. Pero a esta altura del siglo XXI es una verdad de Perogrullo que incrementar el castigo no evita la comisión del delito.

“Si no logramos modificar los estereotipos de que el hombre no puede contenerse ante una señorita de minifalda, a riesgo de poner en duda su virilidad; si no logramos que los jueces vean la ridiculez de ese argumento, no podremos avanzar. Con este tipo de cosas estamos peleando”, consideró Gabriela Pastorino, letrada a cargo de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, creada en 2009 a raíz de la ley 26.845.

La ley, promulgada ese mismo año y conocida como de Protección Integral de la Mujer, especifica los tipos de violencia (económica, psicológica, física) a los que puede ser sometida una mujer y establece las medidas a tomar por el Estado para prevenir esas situaciones y garantizar la integridad de la víctima. Entre ellas la creación de organismos como la Oficina de la Mujer que, según Pastorino, debe “detectar las situaciones de discriminación, responsable de la violencia y de una ciudadanía no justa, porque más allá de las leyes hay cuestiones más antiguas de una sociedad patriarcal que, en los hechos, continúa manteniendo distancias y discriminación entre hombres y mujeres”. En ese camino, el organismo –que depende de la jueza Carmen Argibay– diseñó un plan de capacitación y sensibilización en género que ya cuenta con 300 capacitadores en el país y realizó 435 talleres de los que participaron ocho mil agentes del sistema judicial.

Además, la Oficina generó una “guía sobre trata de personas” al entender que “debíamos generar un pensamiento conjunto sobre cómo luchar contra ese delito”, que también implica una cuestión de género.

“La explotación sexual en la trata de personas tiene como víctimas a mujeres, en todos los casos –reflexionó Marcelo Colombo, coordinador de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE)–. El sistema prostibulario es, en ese sentido, una práctica social de violencia hacia las mujeres, ya que necesitan de una mujer ‘incondicionalmente’ dispuesta a satisfacer deseos masculinos, de manera reiterada e indiferenciada. Es un reflejo de la sumisión que el sistema patriarcal impone en relación a las prácticas sociales y sexuales, al mismo tiempo que un instrumento para mantener esa sumisión.”

Para Susana Pérez Gallart, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se ha avanzado “mucho en la norma legal, pero en la realidad las cosas son mucho más lentas y la cultura machista todavía impera en la sociedad. Uno de los grandes problemas es que hay acciones sueltas, la Corte hace un muy buen trabajo, las ONG, y tenemos una muy buena ley de protección integral, pero no tiene presupuesto y eso la convierte en letra muerta. No hay un organismo a nivel nacional que concentre los datos de violencia de género, indispensable para conocer la realidad de esta tragedia”.

Las estadísticas casi oficiales en el tema son elaboradas por el Observatorio Marisel Zambrano y la ONG La Casa del Encuentro, en base al análisis de la información publicada por más de 120 diarios en el país (ver recuadro). Y se suman los datos suministrados por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema: en septiembre de este año atendieron 708 consultas, contra 522 del mismo mes de 2009; el 85 por ciento de los denunciados son varones y el 73 por ciento de los denunciantes abarca a mujeres y niñas. En el 91 por ciento de los casos se trató de violencia psicológica, en el 67 de violencia física y el 36 por ciento de las consultas fue evaluado como de “riesgo alto”.

Según la ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer, el desarrollo de políticas públicas debe tender a “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres”. El organismo encargado del diseño de esas políticas y difundir las estadísticas de su propio Observatorio de la Violencia, es el Consejo Nacional de la Mujer. Veintitrés intentó, infructuosamente, comunicarse con Mariana Gras, responsable de la Subsecretaria Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Tampoco hay datos en la web del organismo, que presenta un extenso marco teórico.

La ley también establece que el Estado debe coordinar acciones con los diversos ministerios. Así, por ejemplo, el Ministerio de Salud firmó un convenio con el Consejo Nacional de la Mujer para “fortalecer los sistemas públicos de salud sobre los tipos de violencia y cómo prevenir, además de asistir”, explicó Paula Ferro, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Y agregó que las acciones van desde “garantizar los métodos anticonceptivos, mantener una línea 0800 para informar sobre derechos sexuales y reproductivos, elaborar materiales de difusión, información y sensibilización a grupos de mujeres y población en general”.

Pero no hay duda del papel central que juega el Ministerio de Educación en esa tarea titánica de cambiar el modelo cultural. “Los programas que elaboramos llegan a todo el país, a jardines de infantes, nivel inicial y secundario, y tratan sobre perspectiva de género, diversidad, el cuidado de uno mismo, la concepción de trato, los vínculos, los factores sociológicos y culturales”, detalló Mara Brawer, subsecretaria de Equidad y Calidad del ministerio. Las acciones, en este caso, se enmarcan en la ley de educación sexual que abarca, por ejemplo, la toma de decisiones en la adolescencia, resistir a las presiones, la violencia en los vínculos, la igualdad de trato entre los sexos. Entre los materiales elaborados por la cartera se destaca el cuadernillo Educación Sexual Integral, para charlar en familia, del que se imprimieron seis millones de ejemplares. “Apelamos a la deconstrucción de patrones estéticos que, entre otros, transmiten las empresas publicitarias y de marketing a través de los medios de comunicación. Se ponen en cuestión todos los estereotipos de determinadas conductas, porque eso también es violencia –afirmó Brawer–. Los contenidos son transversales y los momentos donde ocurren episodios públicos son grandes oportunidades para la enseñanza.”

Derribar los estereotipos publicitarios también es una tarea hercúlea. Según la investigación de la Universidad Nacional de Quilmes sobre avisos televisivos, realizada entre abril y junio de este año, el 95,4 por ciento de las mujeres que protagonizan los spots son jóvenes o aparentan serlo, ocultando o negando la participación social de las mujeres maduras y presentando a la juventud como mercancía sin importar el ciclo vital del que se trate ni el producto publicitado.

De los spots que ubican a la mujer en el hogar, el 91,7 por ciento corresponde a artículos de limpieza y a comestibles, el 67,5, una asociación directa al rol maternal y familiar que debería desempeñar una mujer. Además, se la relaciona con aspectos emocionales, como el amor, la imaginación, la felicidad y sus contrarios: en el 100 por ciento de los avisos telefónicos y de electrodomésticos aparecen estos rasgos, mientras que el 96,8 de este recurso se emplea en limpieza.

En el otro extremo de los estereotipos, todas las promociones de automóviles –dirigidas indudablemente a los hombres– exponen a las mujeres como objetos sexuales.
Después de mirar cientos de horas de programación de los cinco canales de aire en la pantalla chica, los investigadores concluyeron que la inequidad entre sexos continúa vigente. El 77,3 por ciento de los avisos con voz en off, apelan a un hombre, es decir, que las voces masculinas siguen siendo las del “saber”, las que indican qué conviene hacer, comprar o leer.
Por último y contundente, el dato de que en el 86 por ciento de los casos se registra una subordinación de género a favor de los varones.

“El problema es cultural, pasa por el modelo patriarcal y la escasa visibilidad de la problemática de género. El avance del conocimiento de lo que es la perspectiva de género se registra con dificultades, trabas y demoras. Por ejemplo, hace apenas unos meses, un integrante de la Corte Suprema de Tucumán culpabilizó a las mujeres por la lentitud de la Justicia provincial”, opinó Carlos Miranda, director del Departamento de Prevención de Violencia de Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Para el profesional, “violencia es considerar que la mujer es un objeto al servicio del hombre, una propiedad para usar, al punto de poder disponer de su vida. Es ese sentido de pertenencia, dentro de la perspectiva machista: la mujer como si fuera un plato o un celular”.

Los integrantes del Departamento se oponen al uso del término “pasional” –que también se trata de erradicar del vocabulario policial, asociado a la palabra “crimen”–, porque consideran que es una forma de minimizar los hechos, “como si un episodio pasara por una cuestión sólo emocional. Los hechos se relacionan siempre a los supuestos establecidos y los roles ‘esperados’ y diseñados para el hombre y la mujer”.

De eso se trata, en definitiva, la violencia de género, porque ninguna muerte de mujer por ser mujer sería posible sin un sistema cultural que adopte y acepte esa desigualdad. Ahí está, como ejemplo de que la idea de pollera corta justifica todo, la letra de “Contra la pared”, canción que da título al último disco de Viejas Locas: “(…) las nenas pasan de pollera / y yo las imagino… / contra la pared, contra la pared. / Trato de pensar que no debo imaginar / esas cosas que no pueden suceder / pero no puedo evitar que esas ideas / vengan a mi mente una y otra vez”. Más allá de la ley y de la incorporación, o no, del femicidio como figura penal, no hay duda de la necesidad de cambiar el imaginario social de lo que constituyen femenino y masculino.

Informe: Jorge Repiso y Leandro Filozof
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Números que alarman

Al cuádruple asesinato de La Plata se suman, en principio, otras tres muertes de mujeres a manos de hombres, ocurridas en la última semana: una mujer de 40 años, en Chaco, habría sido asesinada por su marido; una joven de 21 años fue estrangulada por su pareja, el domingo pasado, en un albergue transitorio en el barrio de Palermo, Capital Federal, y ese mismo día un hombre habría asesinado a balazos a su ex mujer, en Lincoln, provincia de Buenos Aires.

Según datos del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por La Casa del Encuentro, entre enero y octubre de este año se produjeron 237 femicidios: 77 en Buenos Aires, 23 en Santa Fe, 18 en Córdoba, 15 en Salta y 13 en la ciudad de Buenos Aires, por citar sólo los sitios donde se registran la mayor cantidad de casos. En 88 ocasiones los homicidas fueron esposos-parejas-novios y la mayoría de las mujeres (160) tenían entre 19 y 50 años.
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Opiniones


Objetos de pertenencia

Por Ada Beatriz Rico, cofundadora de La Casa del Encuentro y directora del Observatorio de Femicidio “Adriana Marisel Zambrano”

La palabra exacta es “cultural”. Somos consideradas como objeto de pertenencia, y también los niños. Nos encontramos con un varón violento, que considera que esa mujer le pertenece y puede hacer con ella lo que desee. En el caso de los niños, tenemos el caso de Tomás, que fue asesinado porque la madre dijo “no”.
La violencia sexista ocurre en todo estrato social, pero hay mujeres que son menos vulnerables cuando cuentan con independencia económica.

Deberían existir más campañas de prevención y sensibilización, adaptadas a cada edad. En cuanto a las leyes, pedimos la figura penal autónoma de femicidio incorporada al Código Penal para que el asesino reciba 25 años de prisión efectiva. Otra de las cosas que solicitamos es la pérdida de la patria potestad del niño.

En el caso del asesinato de Adriana Marisel Zambrano, al novio le dieron cinco años de prisión por asesinato preterintencional. Cuando salga, en 2013, la niña de ambos tendrá seis años de edad y podrá quedarse con él.

La figura de femicidio ya existe en Guatemala, Costa Rica, México y recientemente se otorgó en Chile. Somos optimistas por la cantidad de proyectos presentados en el Congreso. Pero leyes y campañas deben ir en paralelo.

Y debe haber más refugios para mujeres agredidas. La perspectiva de género debería estar presente en toda currícula universitaria. No puede ser que haya jueces que investiguen la vida de la víctima.


Lograr la condena social
Por Haydée Birgin, presidenta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

El fenómeno existe, cada vez mueren más mujeres a manos de hombres, la violencia tiene rasgos más fuertes y en los últimos años vimos el sadismo de tomar represalia con los chicos, que antes considerábamos parte de los ajustes de cuentas propios de los narcos.

Se dieron pasos en el cambio, sin duda. Hoy las mujeres pueden denunciar y el tema se debate. La gran pregunta es: después de la denuncia, ¿qué? Si esa denuncia no va acompañada de políticas sociales, facilidades para la vivienda, capacitación para un empleo digno, subsidios para mantener a los hijos, jardines maternales para el cuidado, no implica un cambio real, es un imposible.

Hay que tratar de lograr la condena social, que el tipo en el barrio sea mal visto, que no se pueda jactar, que sea repudiado por sus compañeros de trabajo. Algo hemos conseguido: hoy es difícil escuchar a un hombre que se jacte de haber fajado a una mujer.

Pero todavía faltan cosas en la Justicia: hay un fallo reciente de Casación de provincia de Buenos Aires que disminuye la pena a un homicida porque “la mujer lo humillaba”. Con la renovación judicial y con gente más joven, cuando en los concursos se tomen en cuenta esas posturas, esa situación cambiará.

Está bien hablar de femicidio como una categoría social para que la gente lo tome como propio. Pero hay un salto cualitativo en incorporarlo como figura penal que, creo, no implicará cambios. No hay ninguna experiencia donde se haya condenado a alguien por femicidio.
 Fuente: http://veintitres.infonews.com/nota-3807-sociedad-Maldito-machismo.html
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jueves, 3 de noviembre de 2011

Persisten brechas de género en economía y política

Madrid, 03 nov (11). AmecoPress. El informe del Fondo Económico Mundial (FEM) sobre “diferencias de gnero” que desde 2006 se elabora cada ao, fue presentado en New York. Su principal conclusión: las mujeres siguen discriminadas en los ámbitos de la economía y la política, aunque casi alcanzan a los hombres en materia de salud y educación. El Informe global de diferencias de genero, que analiza la situación de la igualdad en 135 pases de todo el mundo, cifra en un 96 por ciento la equiparacion en acceso a la sanidad y en un 93 por ciento a la educación. Sin embargo, estos porcentajes chocan con la escasa mejora de las brechas económicas (casi del 60 por ciento) y de manera especial, con la discriminación de las mujeres en el ámbito de la participación política (en torno al 20 por ciento de avance). El informe mide las brechas de genero en materia de salarios, participación en la fuerza laboral, empleo capacitado, acceso a un nivel educativo básico y superior, representación en las estructuras de toma de decisiones, expectativa de vida y proporción de sexo. Los primeros puestos de este ranking mundial recaen en los pases nórdicos, con Islandia a la cabeza por segundo año consecutivo, seguida de Noruega, Finlandia, Suecia e Irlanda. A la cola, están Arabia Saudí, Mali, Pakistán, Chad y Yemen. España ocupa el puesto 12 del listado, descendiendo un puesto respecto al ao anterior. "España pierde una posición, pero muestra una ligera mejora en las reas de la igualdad salarial y de ingresos de las mujeres. Ademas, este pais ocupa el quinto lugar a nivel mundial en el subindice de empoderamiento político", señala el Informe global de diferencias de genero. De hecho, España, junto a Suiza, Finlandia, Bélgica, Irlanda y Costa Rica, muestra los mayores incrementos absolutos en la puntuación, que "ascienden a mas del 15 por ciento en comparación con su rendimiento en el año 2000", señala el estudio. A pesar de la persistente discriminación de las mujeres existente aun, y después de seis anos elaborando este listado, el FEM considera que "en el 85 por ciento de los pases estudiados se reduce la desigualdad de género y, en general, la dirección es positiva", insistió Zahidi, informa Efe. El informe esta en inglés y puede ser visto y descargado en pdf: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-2011/ -------------------------------- Internacional – poltica y gnero – Economa – empleo y gnero; 03 noviembre (11); Extraído de http://www.amecopress.net

lunes, 19 de septiembre de 2011

La violencia sexual de la represión A partir de la proyección en la ex ESMA del documental Lesa Humanidad, investigadoras y víctimas del terrorismo de Estado analizaron las particularidades de los delitos sexuales y su silenciamiento durante años. Por Alejandra Dandan El panel de discusión fue organizado por el Instituto Espacio para la Memoria (IEM). Imagen: Guadalupe Lombardo. ¿Cómo operaron las relaciones de poder desde la perspectiva de género entre los genocidas? ¿Por qué no se habló de la violencia sexual en los casos tomados por el Nunca Más y durante el Juicio a las Juntas? ¿Por qué la Justicia no lo tomó como delito específico? Algunas de esas preguntas integraron el debate que abrió la proyección del documental Lesa Humanidad, presentado por un grupo de mujeres cordobesas, militantes de los ’70, que exige que la violencia sexual del terrorismo de Estado sea considerada una violación a los derechos humanos. La proyección realizada en la ex Escuela Mecánica de la Armada condensó en pocas horas una discusión que atraviesa a quienes estuvieron dentro y fuera de los centros clandestinos, un debate que intenta buscar diferencias ante una dictadura que homogeneizó a las víctimas. El documental producido por un colectivo de mujeres cordobesas entre septiembre de 2009 y marzo de 2011 está estructurado en bloques articulados por la voz de Liliana Herrero: cuatro mujeres subrayan en sus relatos formas y efectos específicos de la violencia sexual durante el terrorismo de Estado. Violaciones. Abusos. Con todas las palabras, hasta alcanzar lo insoportable. Intentan dar cuenta de lo que no se dijo. Pero ese camino está antecedido por los relatos de sus historias desde una perspectiva novedosa porque ya no sólo son ellas las que se pronuncian como militantes, sino que releen en clave de trayectorias políticas las vidas de sus padres, del país, de la familia que intentaron construir. Violencia en debate “El documental fue abordado como una herramienta de reflexión militante a partir de un nuevo marco de escucha en esta nueva etapa”, indicó Dinora Gebennini, coordinadora del Programa Violencia de Género en Contextos Represivos. “Pero cuando intentamos abordar esto –aclaró– nos preguntaron si no estábamos revictimizando, nos decían que no hay que volver a poner a las víctimas en ese lugar, que es un momento traumático, nos preguntaron si teníamos psicólogos y montones de cosas que tendieron a quitarnos la posibilidad de hacerlo.” Las discusiones sobre la violencia sexual bajo la represión aparecen hace tiempo. En las salas de audiencias de los juicios orales de lesa humanidad los organismos de derechos humanos y sobrevivientes que declaran en todo el país reclaman en muchos casos que la Justicia la considere como delito autónomo y de lesa humanidad. Hasta ahora la batalla jurídica obtuvo resultados importantes, pero aislados. Un fallo en Mar del Plata y otro en Tucumán. Semanas atrás, el juez Sergio Torres a cargo de la causa ESMA abrió por primera vez una causa con el acuerdo de las querellas a nombre de las víctimas, sobrevivientes y desaparecidas. Las diferencias aparecen no sólo en la Justicia, sino entre académicos e incluso las y los sobrevivientes. Delia Galara, una de las protagonistas del documental, ex militante de Montoneros, explica los años de silencio. “Cada vez que intentaba hablar con el psiquiatra me preguntaba: ‘¿Qué hacés con tus hormonas?’. Y yo le contestaba que era un pelotudo. Yo le estaba contando una experiencia terrible y él me preguntaba qué hacía con mis hormonas: ¿qué carajo le importa qué hago con mis hormonas?” Son esos tiempos de oídos sordos los que ellas dicen que cambiaron. María Sondereguer, que es investigadora de la Universidad de Quilmes, se preguntó por qué el silencio duró tantos años. Por las perspectivas de género y poder en la dictadura, por su propio olvido de los testimonios del Nunca Más. “La violencia sexual –dijo Sondereguer–, en los casos de los varones, los destituye de su masculinidad, es una forma de feminizarlos. En el caso de las mujeres, comienza antes del campo, porque es un tema que está en la ciudad y está condensada en los campos y perduró luego por fuera del terrorismo de Estado, por eso tal vez permaneció invisibilizado.” Hasta 1999, dijo, la violencia sexual estuvo tipificada como delito contra la honestidad y después contra la integridad: “No es un delito de acción pública, sino de acción privada, es decir: el comienzo de la investigación o la denuncia debe ser impulsado por la persona agredida, se deposita en la voluntad de la víctima el reconocimiento del crimen y pone en el ámbito privado algo que debería ser de lo público”. Entonces, siguió: “¿Por qué se privatiza la violencia sexual? ¿Es posible diseñar un protocolo de indagación específica para que las víctimas reconozcan eso que sufrieron como violencia? ¿Se puede repensar la reparación? ¿Qué es en este caso lo reparable?”. Las preguntas sirvieron para alimentar un debate que incluye preguntas sobre roles: quedó claro que la violencia sexual no sólo se ejerció sobre mujeres, sino también sobre varones, un dato que intenta ser mirado en el interior de los juicios orales a partir de los aún escasos datos que aparecen. Miriam Lewin, sobreviviente de la ESMA, escuchó en el documental los relatos pronunciados “como quien toma un remedio amargo”. “Lo que conspiró al silencio fuimos las víctimas, me culpabilizo como víctima por no haber reconocido los delitos sexuales contra mí y mis compañeras y reconozco que muchos años tuvimos una venda sobre los ojos.” ¿Fue así? ¿Por qué culpabilizarse otra vez como si no hubiese ya suficientes culpas? ¿No será que se privilegiaron otras búsquedas? O que, como dijo otra de las sobrevivientes, en aquellos años había que salir a probar primero hasta la existencia de los desaparecidos y los centros de exterminio. Miriam Lewin explicó cómo en algún momento, adentro de la ESMA, una de sus compañeras le habló de una violación, y ella le respondió con una pregunta sobre otra cosa, como sucedió años después con el testimonio de Elena Alfaro ante la Conadep. “La concepción era que eso era la mínima parte de lo que nos pasaba –dijo–; como era obsceno pensar en reclamar por los bienes materiales cuando nos habían arrebatado la vida.” Como buenas mujeres, dijo, educadas en el sometimiento, “los delitos sexuales eran menores; si nos sacaban la vida, a nuestros hijos, ¿cómo nos íbamos a atrever a denunciar una tocadita, una violación?”. A eso la dictadura agregó otro estigma con el que las mujeres vienen trabajando. “Las mujeres tenían el doble castigo –dijo Miriam–: terminan siendo las víctimas y cargando con la culpa de haber provocado una situación que deja marcas de por vida.” El afuera ¿Qué es lo que se habilita a partir de que pueda pensarse la violencia sexual en estos términos? ¿Los juicios? ¿Solamente? El documental pareció dar cuenta de esas preguntas. En la primera parte de la película, las cuatro mujeres subrayan el deslumbramiento con la vida de las militancias en clave de rescate político de sus organizaciones de pertenencia. Pero reconstruyen también las trayectorias familiares de padres y madres en un mundo atravesado por la vida cotidiana de una militancia que generaba problemas, pero también portaba valores. Soledad Edelveis García Quiroga es una de las protagonistas. Se presenta como parte de una familia entrerriana de Villaguay, mudada a Córdoba cuando empezó la facultad. “Mi infancia siempre estuvo muy atravesada por un padre peronista, en la resistencia, luchó siempre, vivía mucho en cana después del ’55 y mi madre, más bien, era no peronista por decirlo sutilmente.” Y agrega: “Pero no nos educó nunca para casarnos, ser mujeres que se aplicaran a la casa, a la cocina, a estas cuestiones. Lo que yo más amo de mis padres es el tremendo sentido de la libertad: mi vida estuvo muy marcada por no apegarme a ningún mandato masculino, no fue fácil pero fue parte de un tránsito personal y político complejo, pero siempre lo personal estuvo muy unido a lo político”. Gloria di Renzo muestra sus fotos de familia. Se presenta como militante del PRT-ERP, trabajadora de comercio, estudiante de historia y de música. “Hasta 1973, cuando vinieron las elecciones, mi familia nunca fue peronista, así que yo tampoco, era bastante gorila, pero dije: ‘Mirá vos, si todos votan acá, capaz por algo debe ser’”. Nilda Jelenic es otra de las protagonistas: “Mi papá en una época fue socialista, después se hizo radical, estaba bien informado en política, viví a través de mi hermana todo lo que fue la lucha de laicos y libres. Por eso digo que las historias no son contradictorias, no son lineales”. Para Dinora Gebennini cada cosa parece una clave. Las mujeres subrayan parentescos. Trayectorias políticas de familia. Padres. Hermanas. Madres. La idea de los mandatos. Y Gebennini habla de esa determinada condición femenina que persiguió particularmente la dictadura: “Porque ellas generaron rupturas con los estereotipos del género, mantenían otro tipo de relación, no la de la familia nuclear, sino la de la familia militante donde los hijos también eran puestos en función de un proyecto de desarrollo colectivo de libertad, de justicia, de transformación cultural, que era lo que nos movía”. Meses atrás, en una audiencia por el plan sistemático de apropiación de bebés, Victoria Montenegro planteaba esa misma dualidad con medias palabras. Robada por un coronel del Ejército, en la audiencia recordó lo que él le decía de las Abuelas de Plaza de Mayo, los desaparecidos y la dictadura: decía que las Abuelas con las “mentiras de los desaparecidos” intentaban “destruir a las familias que eran la salud de la sociedad”. Una idea que se replicaba en las propagandas políticas y en las formas en las que intentaron extender un consenso frente al cual aún hoy esas mujeres que se presentan como militantes de los ’70 sienten que deben dar una batalla de sentido todavía pendiente. Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-177069-2011-09-19.html